Son ya más de 16 años que opinadores y opositores se empeñan en manchar la gestión económica del país con el anuncio de crisis. Retoman con más fuerza el análisis espúreo a medida que se acercan nuevamente los ciclos electorales, pretendiendo posicionar la idea de crisis en el país. Pero lo que en realidad está en crisis es la falta de ideas y argumentos en los opinadores y opositores para seguir con esta cantaleta.

El fascismo que llega al poder mediante dictaduras y asume gobiernos de facto es nefasto, cruel, genera censura, persecución, presos políticos, desapariciones, tortura, crea normativa en beneficio a las minorías de élite.

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en París la Declaración Universal de Derechos Humanos, hito histórico que marcó el compromiso global de salvaguardar la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Su 75 aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y los desafíos persistentes en la promoción y protección de estos derechos.

En la danza caótica de la política que impulsa el evismo, surgen figuras que se autodenominan socialistas, aunque sus acciones revelen una ignorancia tan profunda como el abismo económico que dejan a su paso. Los asambleístas evistas, como Reynaldo Ezequiel, ofrecen una interpretación del socialismo que se reduce a ser “sociable” y “buen tipo”. Una respuesta tan vacía como la gestión económica que dicen velar cuando en realidad solo obedecen las órdenes de sabotaje económico de su verdugo Morales.

Hace casi un año fue aprehendido y detenido preventivamente el golpista confeso Luis Fernando Camacho —gobernador de Santa Cruz—, aplicando el Art. 20 del Código Penal, que lo señala como autor de los delitos cometidos durante el golpe de Estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez.

En 2017 el presidente Kuczynski estaba siendo acusado en el Congreso por lavado de activos, en vinculación con el caso Odebrecht, investigado luego por Rafael Vela, fiscal a cargo del caso Lava Jato, depuesto por la fiscal Benavídez, ahora a su vez suspendida. No se sabe si esta imputación es un caso más de lawfare, pero lo cierto es que, ante la inminencia de ser destituido, Kuczynski acordó indultar a Fujimori a cambio de que cesase el intento de destituirlo. De ese pacto espurio resultó el indulto decretado por el Presidente en favor de Fujimori. Al parecer, en ese tiempo la justicia constitucional del Perú cerró la cuestión al descalificar el indulto, no sin antes alertar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la incompatibilidad del indulto con la Convención Americana de Derechos Humanos. Como era previsible, Kuczynski fue destituido y sometido a los tribunales, que dispusieron su prisión preventiva por tres años, luego arresto domiciliario y prohibición de salir del país, al parecer hasta el presente.