Los falsos discursos tienen patas cortas. La nueva y la vieja derecha bloquean créditos externos por $us 1.849 millones en el Legislativo, por sus afanes desestabilizadores y proselitistas ante las elecciones de agosto, limitando así el crecimiento, la inversión pública y la generación de empleos en el país. Y lo hacen con un sermón: Bolivia está muy endeudada. Sin embargo, en cuatro años, el gobierno de Luis Arce más bien redujo la deuda externa en 9 puntos porcentuales, con el índice más bajo desde 2017.

Los cuatro órganos del Estado Plurinacional de Bolivia —Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral— blindaron la realización de las elecciones generales del 17 de agosto. Los comicios están bajo el principio de preclusión y nada podrá interferir que los bolivianos elijan al presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y nueve representantes supraestatales.

La denuncia del presidente Luis Arce sobre la estrategia de la derecha política de ejecutar un plan "contra el bolsillo" del pueblo boliviano revela una realidad que merece profunda reflexión.

La economía boliviana se encuentra bajo continuo ataque, ahora de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, como es recurrente, no dio buenas perspectivas a Bolivia en cuanto al crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) y a la contención de su inflación, sumándose así a otros informes agoreros de organismos, calificadoras y compañías financieras externas que no van a tono con los buenos indicadores del país, en medio de un duro sabotaje económico interno alentado por grupos conservadores.

El Estado Plurinacional, que dejó atrás al Estado colonial y neoliberal, está en riesgo. Se encuentra amenado por la derecha que quiere resucitar el modelo republicano que fue enterrado por el 61,43% de la población que dijo Sí a la nueva Constitución Política en el referéndum de 2009, para construir un país inclusivo bajo la bandera del respeto y la igualdad de todos los bolivianos, descolonizado, despatriarcalizado, con soberanía política y económica, y con la meta de la redistribución equitativa de la riqueza social.

Los recursos legales interpuestos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no impedirán que los bolivianos acudan a las urnas el 17 de agosto para elegir al presidente y vicepresidente y renovar a sus representantes en la Asamblea Legislativa. El “chicaneo” judicial no paralizará el cronograma electoral porque prevalece el principio de preclusión.