El país atraviesa una crisis sin precedentes donde la ambición personal de un solo individuo está poniendo en jaque la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de toda una nación.

Los más de 1.700 millones de dólares en pérdidas que acumula el sector productivo luego de 18 días de bloqueos no son solo números en un balance: representan el sustento de miles de familias y el futuro de la producción alimentaria boliviana.

Con los cimientos de la democracia en peligro, el país enfrenta una crisis institucional sin precedentes, donde quien fuera un dirigente del Proceso de Cambio, el expresidente Evo Morales, se ha convertido en el principal protagonista de un intento de desestabilización que amenaza la paz social y el orden constitucional.

En un giro que desnuda la verdadera naturaleza de los acontecimientos en el trópico cochabambino, el supuesto "atentado" contra Evo Morales se ha desmoronado como un castillo de naipes y ha revelado una realidad mucho más perturbadora: el expresidente no solo fabricó un falso ataque contra su persona, sino que además confesó haber disparado contra efectivos policiales que cumplían su deber en un control antidrogas rutinario.

En un momento histórico para la diplomacia boliviana, el presidente Luis Arce ha logrado consolidar uno de los pasos más significativos en la política exterior del país al obtener el estatus de Estado asociado a los Brics.

El Ministerio de Gobierno ha sido claro: el expresidente Evo Morales disparó con un arma de fuego a varios policías que realizaban un control rutinario antidrogas en la carretera que atraviesa el municipio de Villa Tunari, y su vehículo atropelló a uno de ellos.

La decisión de brindar protección policial a las víctimas y funcionarios involucrados en las denuncias de abuso sexual que pesan sobre el expresidente Evo Morales representa un paso fundamental en la lucha contra la impunidad.