Se comenzó a reorganizar el sistema financiero y fiscal con una lógica keynesiana: reactivar el gasto público, reconstruir el aparato productivo y proteger el mercado interno.
En noviembre de 2020, Bolivia no solo cambiaba de presidente; intentaba recobrar el rumbo económico perdido. La posesión de Luis Arce Catacora como mandatario marcaba algo más que el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder. Significaba también la resurrección de un modelo que había sido la columna vertebral del crecimiento sostenido durante más de una década: el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).
El país se encontraba sumido en una profunda crisis económica. La pandemia del Covid-19, sumada a un año de interinidad institucional bajo el gobierno transitorio de Jeanine Añez, había dejado secuelas devastadoras: una contracción del PIB del -8,7%, tasa de desempleo que rozaba el 12%, incremento de la pobreza, cierre de empresas, paralización de proyectos estratégicos y una notable caída en las reservas internacionales netas (RIN).
Con este telón de fondo, el nuevo Gobierno asumía el poder con la promesa de reactivar la economía “desde abajo”, devolviendo protagonismo al Estado como actor económico, fortaleciendo el mercado interno, impulsando la producción nacional y distribuyendo la riqueza de manera más equitativa.
El reto que enfrentaba no era menor: devolverle a Bolivia la estabilidad y esperanza bajo los lineamientos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que el propio Arce impulsó como ministro de Economía durante el ciclo de bonanza entre 2006 y 2014.
Herencia de la crisis (noviembre 2020-febrero 2021)
Bolivia salió del gobierno transitorio de Jeanine Añez en una situación económica crítica. Frente a ello, el nuevo gobierno de Arce aplicó medidas de urgencia bajo un mensaje central: “Reconstruir la economía boliviana desde abajo, con el pueblo como protagonista”.
Se comenzó a reorganizar el sistema financiero y fiscal con una lógica keynesiana: reactivar el gasto público, reconstruir el aparato productivo y proteger el mercado interno.
Se retomó el control en medio del caos
En 2020, el primer gran desafío del presidente Arce fue recuperar la confianza de la población y del sector productivo. En sus primeras semanas, su gobierno lanzó una batería de medidas orientadas a frenar el deterioro social y económico.
El Bono Contra el Hambre, de Bs 1.000 por persona, fue la señal inicial de que el modelo de redistribución de ingresos volvía a escena. Dirigido a más de 4 millones de ciudadanos en situación vulnerable, se convirtió en un alivio inmediato y un guiño a la política de inclusión económica que caracterizó al partido político del MAS en años anteriores.
Al mismo tiempo, Arce anunciaba el retorno pleno al Modelo Económico Social Comunitario Productivo, suspendido por el gobierno de facto de Añez, que se había alineado a políticas ortodoxas con un mayor enfoque en la austeridad, la liberalización y el endeudamiento externo.
La economía boliviana se encontraba en terapia intensiva. Las exportaciones se habían desplomado, la recaudación fiscal estaba en su punto más bajo desde 2005, y la inversión pública —motor del crecimiento en el modelo anterior— había sido congelada.
Los primeros brotes verdes
En 2021 comenzó con más preguntas que certezas. ¿Podía Bolivia volver a crecer en medio de un entorno internacional volátil, precios de materias primas aún inestables y una pandemia persistente? Contra muchos pronósticos, el Gobierno logró mostrar señales claras de recuperación.
A través del Plan de Reactivación Económica (PRE) se buscó dinamizar sectores clave de la economía. Entre sus pilares figuraban la reactivación de la inversión pública, la promoción de la producción nacional, la creación de empleo y el apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.
Uno de los programas más destacados fue el lanzamiento del crédito SIBOLIVIA, una línea de financiamiento al 0,5% de interés, sin intermediarios, destinada exclusivamente a la producción nacional. Con ello, miles de emprendedores en rubros como la agroindustria, textiles, alimentos y manufacturas encontraron una nueva oportunidad.
La inversión pública —que había caído a su nivel más bajo en 15 años— comenzó a reactivarse con fuerza, especialmente en sectores como infraestructura, energía, salud y educación.
Además se implementaron políticas fiscales expansivas, pero con un enfoque selectivo y prudente. A diferencia de otros países de la región, Bolivia evitó ajustes severos, priorizando la recuperación del poder adquisitivo de las familias y el impulso de la demanda interna.
Los resultados comenzaron a ser visibles: hacia finales de 2021, la economía creció un 6,1% y el desempleo cayó a 5,2%. La inflación, un fantasma global ese año, se mantuvo controlada en torno al 0,9%, uno de los niveles más bajos de Sudamérica.
Consolidar la recuperación y resistir los embates
En 2022 trajo nuevos retos. El conflicto en Ucrania generó alzas en los precios de alimentos, combustibles y fertilizantes a nivel global. El impacto sobre economías emergentes fue inmediato. Bolivia, sin embargo, mantuvo su política de estabilidad de precios internos, sosteniendo el subsidio a los carburantes y controlando la exportación de productos básicos para garantizar el abastecimiento del mercado nacional. La estrategia no estuvo exenta de críticas, especialmente por su impacto sobre las reservas internacionales y las finanzas públicas. Pero el Gobierno insistió en que era el camino correcto para proteger a las mayorías de una inflación importada que azotaba a otros países.
En paralelo, se profundizó la apuesta por la industrialización con sustitución de importaciones. Se inauguraron o reactivaron plantas productivas en áreas estratégicas como el litio, la producción de cemento, alimentos procesados y químicos. La Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y otras estatales volvieron a tener un papel activo en la economía.
Las exportaciones comenzaron a repuntar, impulsadas por la recuperación de los precios del gas, los minerales y productos agrícolas. Sin embargo, el énfasis no estaba ya solo en exportar materias primas, sino en agregar valor y fomentar cadenas productivas nacionales.
El crecimiento del PIB se mantuvo en 3,5% en 2022 y la inflación cerró en 1,5%, cifras que, en el contexto regional, fueron vistas como logros notables.
Un modelo que resiste y se adapta
El presidente Luis Arce logró lo que muchos consideraban una tarea titánica: reencauzar una economía golpeada por múltiples crisis hacia la senda del crecimiento.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que muchos daban por terminado luego de 2019, mostró una notable capacidad de resiliencia. Aunque con tensiones internas, críticas externas y desafíos pendientes —como la dependencia del gas, la presión sobre las reservas y la necesidad de diversificar exportaciones—, el modelo logró consolidar una recuperación sin recurrir a recetas neoliberales.
En un país marcado por la polarización política, la economía boliviana, al menos durante los primeros dos años del gobierno de Arce, volvió a caminar. No a pasos acelerados, pero sí firmes. Y lo hizo con una lógica propia: la del Estado como actor central, el pueblo como protagonista y el desarrollo como un derecho, no solo una estadística.
“Tenemos un conjunto de datos coherentes que nos dicen que la economía está mejorando, tanto en ingresos, en empleo, en actividad económica y ello es porque estamos apostando a dos motores importantes: la redistribución del ingreso y la inversión pública”, señaló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, consideró que todos los bolivianos retornaron “a la democracia, el retorno a la senda del crecimiento económico con justicia social, a la recuperación al derecho a la salud, del derecho a la educación para todas y todos los bolivianos, así como muchos otros logros que se dieron con el presidente Luis Arce”.
AEP
