El Ministerio Público pedirá 30 años de prisión, la máxima condena en Bolivia, para tres ministros de la golpista Jeanine Añez por su responsabilidad en la internación de armamento no letal a Bolivia: Arturo Murillo, de Gobierno; Fernando López, de Defensa, y Roxana Lizárraga, de Comunicación.

La cárcel de San Pedro tiene 128 años. Su construcción tardó dos décadas y fue entregada al Estado en 1895 con el nombre de panóptico de San Pedro.

Como panóptico, desde fines del siglo XIX y hasta mediados del XX, cumplió con su objetivo, pues toda su parte interior se podía vigilar desde un solo punto alto.

Solo la unidad será capaz de hacer frente y vencer los afanes desestabilizadores de un grupo de autoproclamados dirigentes que perdieron el norte en su afán de boicotear un congreso legal y legítimo en donde fueron derrotados. Las organizaciones sociales aglutinadas en el Pacto de Unidad expresaron que el único ejecutivo legalmente posesionado, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), es Lucio Quispe, elegido por mayoría absoluta en el congreso ordinario desarrollado en El Alto.

Marco Pumari, dirigente cívico de Potosí, fue uno de los actores del golpe de Estado de 2019. Sus acciones, violentas y radicales, proclamadas a los cuatro vientos, tenían un solo objetivo: "sacar del Palacio de Gobierno al Presidente” de entonces.

Rogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores, abogado, docente universitario y activista de derechos humanos de dilatada trayectoria fue propuesto por el presidente Luis Arce como magistrado para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Los pueblos indígenas del norte de Potosí y el sur de Oruro —Laime, Jucumani y Qaqachaca— se despedazaron por 175 años, hasta finales de 2005, por vengar agravios o disputando pedacitos de tierra estéril, en las altas soledades adonde fueron reducidos en tiempos antiguos.