Los asambleístas del Estado Plurinacional, llamados por mucho tiempo “padres de la patria”, tienen la responsabilidad de aprobar leyes que vayan en beneficio de la población boliviana; pero, la madrugada del martes pasado, 92 legisladores que responden a Evo Morales, Fernando Camacho y Carlos Mesa protagonizaron un contubernio que dejó en evidencia su afán de satisfacer sus intereses personales a como dé lugar, sin importar en lo más mínimo el bienestar de las diversas regiones del país, muchas de las cuales están atravesando una dura situación debido a la sequía y los incendios que son producto de la crisis climática, y con total descaro pisotearon las demandas de 340 municipios que hoy se ven afectados por el rechazo al proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado Gestión 2023.

En términos de infraestructura, la inversión en la construcción y equipamiento de hospitales de tercer nivel es una señal clara del compromiso del Gobierno con la salud a largo plazo.

El valeroso departamento del Beni, fundado el 18 de noviembre de 1842 por el entonces presidente José Ballivián, hoy celebra sus 181 años de vida, y el Gobierno nacional homenajea a toda su población con millonarias inversiones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida en la región y potenciar su capacidad productiva a través de la política de industrialización con sustitución de importaciones que se viene encarando desde el nivel central por instrucción del presidente Luis Arce.

El Gobierno nacional ha implementado una serie de acciones para garantizar el derecho a la educación presencial y construir un camino hacia un sistema educativo más sólido y equitativo.

La masacre de Sacaba no fue un incidente aislado, ya que días después se repetiría la tragedia en Senkata, donde otras 10 vidas fueron perdidas.

La determinación de declararse incompetentes, tanto un Tribunal de Sentencia de El Alto y otro de Sacaba, deja a las víctimas en total indefensión y sin esperanzas de alcanzar justicia por la muerte de sus familiares. Escuchando justamente el clamor de justicia es que el Gobierno nacional —que no comparte la decisión de dos juzgados de declararse incompetentes para juzgar a la expresidenta de facto Jeanine Añez—presentó tres recursos que franquean la ley para revertir esa situación, en la línea trazada de justicia para las víctimas de los hechos de sangre de 2019.