En un nuevo episodio de la encrucijada legislativa, el Gobierno ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un crucial contrato de préstamo por $us 30 millones destinado a financiar la construcción del Parque Lineal La Paz - El Alto.

Esta iniciativa, parte de un ambicioso plan para conmemorar el Bicentenario de Bolivia, se encuentra entre los proyectos que, lamentablemente, enfrentan un obstáculo significativo: la demora en su aprobación.

Por segunda semana consecutiva, Bolivia ha sido testigo de bloqueos de carreteras impulsados por seguidores de Evo Morales, bajo la bandera de defender la democracia y la institucionalidad del Órgano Judicial.

Sin embargo, el cambio progresivo de argumentos revela una realidad preocupante: estas medidas extremas buscan la habilitación del expresidente como candidato para las elecciones de 2025.

Desde el 22 de enero, Bolivia se ha visto sacudida por una serie de bloqueos en carreteras liderados por los seguidores de Evo Morales, generando no solo tensiones políticas sino también un grave perjuicio para una de las joyas culturales del país: el Carnaval de Oruro.

Este evento, reconocido como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco, se encuentra amenazado por estas acciones que ponen en peligro no solo la celebración en sí, sino también la economía local y la proyección internacional de Bolivia.

La participación del pueblo es fundamental para llevar adelante una gestión gubernamental eficiente y enfocada en las necesidades que atingen a los sectores más vulnerables, pero esta participación debe ir más allá del discurso demagógico, debe ser real, tangible, auténtica. Así lo entendió el presidente Luis Arce y, en esa línea, junto a todo su equipo de ministros, en días pasados llevó adelante el primer Gabinete Social con la participación de representantes de más de 30 organizaciones sociales y sindicales del país.

En medio de un tenso escenario político en Bolivia, la nación enfrenta una crisis desencadenada por bloqueos de caminos promovidos por sectores afines a Evo Morales.

Aunque se ha logrado un acuerdo político para agilizar una ley de elecciones judiciales, estos grupos mantienen una postura inflexible, revelando que su objetivo no es la búsqueda de soluciones, sino más bien la desestabilización del Gobierno democráticamente electo.

El gobierno encabezado por Luis Arce ha convocado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de desbloquear el proceso y garantizar las elecciones judiciales, mientras se reflexiona sobre la importancia prioritaria de asegurar el libre tránsito de la población, afectada por los bloqueos liderados por los seguidores del expresidente Evo Morales.