El reciente fallo de la justicia del estado de Florida, Estados Unidos, en contra del exministro Arturo Murillo y su colaborador Sergio Méndez marca un hito en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Bolivia.
La condena a pagar $us 6,2 millones por el daño causado debido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019 no solo representa un acto de reparación económica, sino también un contundente mensaje de que la justicia no se detendrá ante actos de corrupción.