En un desafío sin precedentes en una nación democrática, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, exigió al expresidente y dirigente cocalero Evo Morales que permita el libre ingreso de la fuerza pública antidroga a la región del trópico de Cochabamba para combatir el flagelo del narcotráfico.

Esta confrontación directa pone de manifiesto una realidad inquietante: el reducto político de Morales se ha convertido nuevamente en una zona roja del narcotráfico, un retroceso a los oscuros tiempos de las décadas pasadas.

En un mundo globalizado, donde los flujos comerciales atraviesan fronteras sin cesar, el contrabando se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad de los Estados.

En Bolivia, esta realidad se ha vuelto cada vez más preocupante, ya que las organizaciones criminales dedicadas a este ilícito han escalado sus operaciones a niveles alarmantes.

Las advertencias del viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, no dejan lugar a dudas: el contrabando no solo representa un perjuicio económico, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria, la salud pública y, en última instancia, la estabilidad del Estado.

El Gobierno nacional ha declarado al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, en el departamento de Santa Cruz, libre de cultivos ilegales de hoja de coca.

Este logro representa un golpe contundente contra el narcotráfico y un compromiso con la preservación del medio ambiente.

En noviembre de 2001 nacía uno de los programas municipales paceños que mayor acogida y representatividad ha logrado entre la población de esta urbe, como son las Cebras. Durante años vinieron desarrollando una labor de educación vial y ciudadana principalmente en los pasos peatonales, pero, de un tiempo a esta parte, su presencia, caracterizada por aquellos carismáticos trajes a rayas, se fue desvaneciendo al punto de no quedar rastro de ellas en las calles de La Paz.

La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un contundente análisis jurídico que reafirma la postura adoptada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en su sentencia 1010/2023, que dejó sin efecto el fallo que habilitó a Evo Morales a postularse nuevamente en 2019.

En su Análisis Jurídico Especializado N° 04/2024, la PGE concluye que la referida sentencia 1010/2023 del TCP "dejó sin efecto (superó)" la polémica Sentencia Constitucional Plurinacional N° 084/2017, que de manera insólita pretendió elevar la reelección presidencial indefinida al rango de un supuesto "derecho humano".

El horizonte está claro, y es trabajar por el bienestar del pueblo boliviano. Todas las autoridades subnacionales, alcaldes y gobernadores del país son bienvenidos a sumarse al tren del desarrollo, a despojarse de apetitos personales y a unirse por un bien común.