El presidente Luis Arce presentó el paquete de medidas económicas que abordan desde múltiples flancos los problemas críticos de abastecimiento de combustibles y alimentos que aquejan al país.
Esta estrategia multidimensional va más allá de las reacciones políticas inmediatas para evaluar tanto sus componentes de respuesta urgente como sus implicaciones de largo plazo.
Una de las medidas más llamativas del paquete es el incremento del
control militar en las fronteras nacionales. La incorporación de más de 1.480 uniformados adicionales a los 400 actuales evidencia la magnitud del problema del contrabando a la inversa que enfrenta Bolivia.
Esta medida responde a una realidad económica compleja: los subsidios internos a combustibles y algunos alimentos básicos han generado incentivos perversos que alimentan el tráfico ilegal hacia países vecinos,creando desabastecimiento artificial en el mercado interno.
La demanda gubernamental para que los municipios asuman su rol constitucional reconoce que el control efectivo de precios y pesos justos requiere presencia territorial que solo los gobiernos locales pueden proporcionar.
Al exigir a los municipios que promuevan el castigo penal contra quienes cometen delitos de agio y especulación, el Gobierno central está distribuyendo responsabilidades y creando múltiples niveles de control.
El corazón del paquete presidencial radica en el programa nacional para aumentar la productividad y rendimiento agrícola de maíz y arroz.
Con una inversión superior a 350 millones de bolivianos y un horizonte temporal de cinco años, esta iniciativa trasciende la lógica de respuesta inmediata para constituirse en una apuesta estratégica por la transformación del sector agrícola boliviano.
La elección de maíz y arroz como cultivos prioritarios revela una comprensión integral de las cadenas productivas nacionales. Estos no son simplemente alimentos básicos, sino insumos fundamentales para la industria avícola, porcina y de procesamiento de alimentos. Al fortalecer la producción de estos cultivos, el Gobierno está atacando simultáneamente la dependencia alimentaria externa y creando las condiciones para el desarrollo de una agroindustria nacional más robusta.
El establecimiento de un fondo de más de 22 millones de bolivianos para créditos blandos dirigidos a pequeños productores representa una medida de inclusión financiera que puede tener impactos transformadores en el sector rural.
Los créditos blandos pueden proporcionar a los pequeños productores los recursos necesarios para adoptar las tecnologías y prácticas mejoradas que se promoverán a través del programa nacional de productividad.
La eliminación temporal del gravamen arancelario para la importación de pollitos bebé e insumos para la producción avícola y la industria de aceite hasta el 31 de diciembre constituye otra medida de política comercial estructural.
En lugar de aplicar protección arancelaria indiscriminada, el Gobierno está utilizando la política arancelaria para reducir costos de producción en sectores estratégicos.
La promesa presidencial de cubrir inmediatamente el 100% de la demanda nacional de combustible implica no solo la disponibilidad física del carburante, sino también la capacidad logística y financiera para distribuirlo efectivamente en todo el país.
Una medida que ha recibido menos atención mediática pero que tiene implicaciones importantes es la prohibición para que YPFB utilice activos virtuales. Aunque el Presidente aclaró que la empresa nunca había realizado operaciones con criptomonedas, esta decisión preventiva establece un precedente relevante sobre el manejo de empresas públicas estratégicas.
El presidente Arce ha contextualizado estas medidas dentro de un diagnóstico político específico: el "estrangulamiento financiero" aplicado por la oposición y el evismo, que habría impedido la autorización de créditos por más de 1.800 millones de dólares.
Una característica del paquete presidencial es su coherencia interna.
Las diferentes medidas se complementan y refuerzan mutuamente: el control fronterizo protege los subsidios internos, la producción agrícola fortalecida reduce la dependencia externa, los créditos rurales democratizan el acceso a recursos productivos, y la política arancelaria facilita la consolidación industrial nacional.
AEP
