Tal como advirtió el Gobierno, la imagen de Bolivia ante la comunidad internacional sufre las consecuencias del sabotaje de la nueva y la vieja derecha en el Legislativo a la aprobación de una norma que ratifique el compromiso nacional en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, lo que provocó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluya el país en el grupo de las jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”), hasta hacerse una nueva evaluación.
Ante este perjuicio, la gestión de Luis Arce vuelve a actuar con responsabilidad, con el anuncio de la presentación de un nuevo proyecto de ley que incluya las observaciones del GAFI sobre las técnicas especiales de investigación para combatir estos delitos y la predisposición para acudir a la convocatoria del Legislativo para explicar la normativa y las medidas que Bolivia debe asumir para ratificar su buena voluntad en la adecuación de su marco legal y evitar cualquier sanción, para lo que se tiene un plazo de dos años.
Es necesario que el país cumpla con los estándares internacionales de esta lucha, pero la coalición legislativa opositora les puso zancadillas con campañas de desprestigio y de desinformación que generaron el rechazo y la presión de sectores económicos, con falsedades como que se abriría una persecución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ante la instrucción a diversas entidades de informar sobre cualquier movimiento sospechoso e irregular que no cuente con respaldo técnico y económico.
Así, la derecha saboteó hace cuatro años la Ley marco 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Hizo lo mismo con los proyectos de Ley 218 y 280, remitidos por el Ejecutivo en 2021 y 2023. No solamente eso, también anuló las disposiciones del Presupuesto General del Estado de 2024 que estaban dirigidas al cumplimiento de las exigencias del GAFI, pese a las advertencias sobre las consecuencias que acarrearía esta actitud para el país.
El Gobierno sí cumplió con el planteamiento antelado de medidas legales para evitar esta situación; más todavía, fue limpiando en el camino problemas operativos y de procedimientos en el país para combatir estos delitos —como el cumplimiento del 90% de las 60 acciones que fueron recomendadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)—, lo que fue valorado por el GAFI y permitió una mejora del estatus de Bolivia, pero no fue suficiente para impedir su inclusión en la “lista gris”.
Queda que la derecha en el Legislativo deje de lado sus intereses y ponga por delante los del país, actuando con responsabilidad y permitiendo que Bolivia cumpla este compromiso y salga de la “lista gris”, sin lavarse las manos, sin dejar el debate de la ley a la próxima legislatura. Es tiempo de poner coto a estos perjuicios, como los causados a la economía y las presidenciales, con el boicot a créditos por $us 1.849 millones y las leyes electorales, generando iliquidez de divisas e incertidumbre en los bolivianos.
