Las “listas negras” de veto de candidatos a las elecciones generales demuestran, una vez más, que Samuel Doria Medina y su ocasional aliado Luis Fernando Camacho actúan con autoritarismo y acuden al matonaje político en contra de algunos personajes que tienen aspiraciones legítimas de ocupar un cargo en el Legislativo.
Las declaraciones tardías y poco creíbles de Samuel Doria Medina de que él no es responsable de las “listas negras” no tienen asidero porque existen muchas denuncias de actores políticos y otros que se nombran en la lista, que ratificaron la veracidad de la nómina, además que hay varias evidencias que salieron a la luz pública.
Según trascendió, en esa lista se encuentran Vicente Cuéllar, Pamela Flores, Samanta Nogales, Rafael Hurtado, Luisa Nayar, Paola Aguirre, Andrea Barrientos, Yamila Román y Luciana Campero. Todos denunciaron que Luis Fernando Camacho, encarcelado en Chonchocoro, los vetó. Es la primera vez en la historia que una persona tiene derecho a veto y la capacidad de prohibir el ejercicio de un derecho político.
Esto es un quiebre de la alianza Unidad que solo es una juntucha de neoliberales que sacan a relucir cómo se manejan los partidos neoliberales, que asumen que, como el caso de Luis Fernando Camacho, el departamento de Santa Cruz es su feudo o hacienda y actúan como matoncitos de barrio porque tienen dinero o músculos.
Este veto a candidatos de la alianza muestra el verticalismo y caudillismo inaceptable de Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho porque ellos siempre pregonan que sus acciones son democráticas. Basta con revisar la historia política de este país por qué nadie puede competir con Doria Medina en la estructura piramidal de su partido.
Es que Doria Medina, al igual de Camacho, está acostumbrado a que su partido se maneje como sus empresas, en función a sus intereses o ideas, sin escuchar a nadie.
En la campaña electoral de 2014, un audio filtrado lo pintó de cuerpo entero al cementero, que amenazó a la esposa de otro de sus colaboradores, Jaime Navarro, con mandarla a Trinidad si no retiraba una denuncia por malos tratos contra su esposo. El empresario daba cuenta del fracaso de su intermediador Arturo Murillo, que al ser “un bolas” no había sabido manejar el asunto y lo había obligado a intervenir.
Doria Medina fue señalado, en el bullado caso Papeles de Panamá, por una posible evasión tributaria de Bs 54 millones en la venta de acciones de la fábrica de cemento Soboce a la empresa mexicana Chihuahua a través de la empresa offshore Akapana SA.
Asimismo, el empresario fungió como ministro de Planificación (1991 y 1993) y fue acusado de enajenar las empresas estatales y de haberse beneficiado de varias empresas como las cementeras El Puente (Tarija) y Fancesa (Sucre), que adquirió a precio de gallina muerta. Todas estas acciones y otras que se obvian por razones de espacio, muestran que Samuel Doria Medina quiere ser presidente para reinstaurar un modelo neoliberal que beneficie a la élite política/industrial/empresarial del país y haga gemir de hambre al pueblo trabajador, con su autoritarismo acostumbrado.
