Protagonizaron violentos incidentes durante el régimen de facto de Añez, recorrían las calles en motocicletas y golpeaban a las mujeres de pollera.
Los niños eran amordazados y maniatados en una silla para ser golpeados mientras los denigraban con palabras hirientes.
El caso fue instaurado por el Estado boliviano para recuperar el dinero del sobreprecio que pagó en la compra de gases lacrimógenos.
Con anterioridad, Chuquisaca logró dicha declaración y según el Servicio General de Identificación Personal (Segip) se prevé que este año se sumen los departamentos de Oruro y Pando.
El Ministro de Justicia ratificó que la propuesta normativa no afectará a sectores sociales del país. Afirmó que, mientras la población no conozca sus alcances, no será promulgado.
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