Después de descubrir las aeronaves, algunas son interceptadas por aviones de la Fuerza Aérea y se extrae la mayor información posible.
Pese a las exhortaciones, los avasalladores se negaron a desalojar las viviendas, por lo que la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) se vio obligada a acudir a los tribunales.