La Procuraría General del Estado (PGE) también cuestionó la decisión de los tribunales de El Alto y Sacaba y anunció que utilizará todos los recursos legales para revertir esa decisión.
Se destaca también el desmantelamiento de 91 laboratorios de cristalización y la destrucción de 2.154 fábricas clandestinas. Estos golpes estratégicos han debilitado significativamente la infraestructura de producción de drogas.