Los datos dan cuenta de 61.909 familias afectadas, 24.065 familias damnificadas, 1.329 viviendas afectadas, 947 viviendas destruidas, y 52 fallecidos.
Lima negó que en el informe titulado Cohesión social: El desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia se haga mención o referencia a presos políticos.