Estas infraestructuras móviles fueron descubiertas en los sindicatos: Nueva Colorada, 12 de Octubre, San Francisco, Villa Copacabana y Anzaldo.
Esto, en criterio de Siles, fue una “terciarización” y “privatización” de la defensa legal del Estado, a través de estudios jurídicos que incluso cobraban por hora y facturaban por los mensajes que realizaban por WhatsApp.