De acuerdo con el estatuto del MAS, para la convocatoria al congreso debía concertarse con las organizaciones matrices, como los campesinos, interculturales y mujeres ‘Bartolinas’.
El proyecto de ley de imprescriptibilidad preveía castigar hasta con 25 y 30 años los delitos de abuso como agravante en caso de ser curas o funcionarios públicos y hasta con ocho años de pena privativa para encubridores.