Los opositores Comunidad Ciudadana y Creemos y los legisladores “evistas” se oponen a esta determinación del TCP y piden la renuncia de todos los magistrados y consejeros.
La tensión persiste en Bolivia, con autoridades y líderes políticos que buscan una salida pacífica y consensuada para evitar mayores perjuicios a la economía y a eventos culturales de gran importancia como el carnaval.