El objetivo del compromiso es proyectar “volúmenes de importación” de combustibles por los puertos peruanos de Mollendo, Pisco y Callao.

Se pretende evitar las actividades ilícitas, como la reventa de carburantes.

“Es una represalia a la suspensión de esta empresa, que posee más de 100 cisternas”, manifestó la ejecutiva Gabriela Delgadillo en una rueda de prensa.

Estas medidas posibilitarán un escenario favorable ante la carencia transitoria de dólares, con el propósito de que la población tenga certidumbre sobre el norte que transitará la economía nacional.