El viceministro Jorge Silva explicó a Ahora el Pueblo que la decisión de anular la disposición séptima es sólo atribución de la Asamblea Legislativa.
Dos estaciones de servicio, en el norte de La Paz, pasaron a manos de la estatal YPFB luego de ser descubiertas desviando carburantes.
A través de su brazo operativo, el gobierno de Luis Arce alcanzó un nuevo hito dentro de las políticas de promoción y financiamiento para potenciar el desarrollo productivo.
Se convocó a la CAO, a la Cámara Nacional de Industrias y Comercio y la Cámara de Exportadores de Bolivia para formar parte de la reglamentación de esta disposición.
Se proyectó instalar 60.000 conexiones del energético, pero se logró habilitar 82.257, que mejoran la calidad de vida de 410 mil habitantes.
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