El Ministro de Economía explicó que este proyecto de normativa busca aliviar a pequeños prestatarios afectados por la actual coyuntura económica.
El presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley que busca otorgar un respiro económico para pequeños prestatarios, incluyendo aquellos que tienen créditos de vivienda social, afectados por deudas impagas.
Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quien explicó que la propuesta contempla suspender por seis meses las ejecuciones financieras contra prestatarios de viviendas sociales, muchas de las cuales ya enfrentan procesos de desalojo.
La autoridad añadió que el proyecto plantea diferir durante el mismo periodo el pago de deudas para microunidades económicas y prestatarios de mediana capacidad, en respuesta a las necesidades de alivio por las dificultades económicas que atraviesan.
“Esta normativa es producto de la evaluación de las condiciones económicas complejas, generadas por más de tres años de bloqueos que han afectado la actividad económica y la gestión del presidente Luis Arce”, declaró Montenegro, en referencia a las recurrentes crisis políticas y legislativas que han trabado la ejecución de políticas públicas.
Montenegro enfatizó que la medida no representa una condonación de deudas ni una intervención en los contratos privados, sino un alivio temporal y focalizado que busca proteger a sectores vulnerables sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero.
“Se quiere evitar que los prestatarios de vivienda de interés social, que actualmente enfrentan ejecuciones financieras y están perdiendo sus viviendas, sufran este tipo de desalojos. El objetivo es detener ese proceso”, precisó.
Montenegro también subrayó que la iniciativa no compromete la salud del sistema financiero. “La intención es clara: dar un respiro, no desestabilizar”, sostuvo.
La autoridad dejó en claro que la suspensión de pagos se aplicaría únicamente a segmentos específicos de la población afectados por la actual coyuntura.
El proyecto de ley será debatido en la ALP en medio de un contexto legislativo complejo, en el que varias propuestas del Ejecutivo han sido frenadas por la fragmentación política interna.
El 10 de junio, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó al sistema bancario atender y analizar las solicitudes de refinanciamiento y/o reprogramación de créditos solicitados por prestatarios afectados en sus actividades, debido a factores inherentes a la actual coyuntura económica.
Sin embargo, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación ante las propuestas de establecer un nuevo diferimiento obligatorio en el pago de cuotas de capital e intereses de los préstamos bancarios y advirtió de que esta medida “comprometería la estabilidad del sistema financiero”.
AEP
