Se informó que el Ejecutivo hizo conocer al Fondo los factores externos que afectaron la liquidez fiscal, sin comprometer la solvencia del país.
El Ministerio de Economía informó que el Gobierno autorizó la publicación del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la revisión del Artículo IV. La decisión fue comunicada al organismo, que tiene a su cargo su difusión a través de sus canales habituales.
El titular de la cartera de Estado, Marcelo Montenegro, dijo, en conferencia de prensa, que Bolivia, como miembro fundador del FMI y sin un programa financiero vigente con ese organismo, no está obligada a difundir este tipo de informes.
“El país tiene tres alternativas: primero, autorizar la publicación del informe; segundo, pedir un plazo para seguir revisándolo, y, tercero, no autorizarlo. Nosotros ya hemos autorizado al Fondo que este informe se publique”, explicó.
Montenegro desmintió así las afirmaciones de un candidato a la presidencia, quien acusó al gobierno del presidente Luis Arce de impedir u “ocultar” la difusión del informe.
DOCUMENTO
El informe del Artículo IV del FMI es una evaluación que realiza cada año un equipo técnico del este organismo sobre la economía de un país miembro. En él se analizan temas como crecimiento, inflación, gasto público, deuda y otros aspectos clave, con el objetivo de hacer recomendaciones de política económica.
Sin embargo, su publicación no es automática y depende de la autorización del país evaluado.
Según datos del Ministerio de Economía, en 1998, el gobierno de entonces autorizó la publicación del informe en septiembre de ese año.
Montenegro también aclaró que el retraso en la publicación del informe del Artículo IV de la gestión 2025 no es atribuible al Gobierno.
“El Fondo Monetario tenía que haber llevado esta reunión de directorio en abril. El mismo Fondo pospuso la reunión para el 2 de mayo”, indicó.
Agregó que Bolivia autorizó su publicación en menos de los 28 días que estipula el procedimiento de este organismo internacional, luego de una revisión, que tomó aproximadamente dos semanas.
CONTENIDO
Respecto al contenido del informe, según Montenegro, el Gobierno boliviano hizo conocer su posición sobre los factores exógenos a la política fiscal que afectan las finanzas públicas. “Hemos puesto en contexto que es un problema de liquidez, no de solvencia, el que ha afectado y está afectando a la economía nacional”, añadió.
El primero de los factores que impactó la política fiscal son los $us 1.800 millones en créditos gestionados por el Ejecutivo y que están paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se niega a aprobarlos.
“Hay que entender además que el problema fiscal que hemos tenido ha sido un golpe que ha venido del sector externo, porque se han elevado las tasas de interés de la deuda externa”, apuntó en referencia a las turbulencias financieras en el mundo.
Respecto al gasto fiscal, Montenegro aclaró que el financiamiento para ese gasto, es decir, los $us 1800 millones “secuestrados” en la Asamblea, no han sido desembolsados. “La caída de ingresos no significa que nos estamos excediendo en el gasto, sino que han venido choques externos”.
El Presupuesto General del Estado 2025, aprobado por la ALP, establece que el 40% del financiamiento venía del sector externo. “No se ha cumplido aquello” por cálculos políticos, lamentó la autoridad.
Refirió además que se espera que el FMI, al publicar el informe, refleje la posición expresada por el Gobierno.
La autoridad también cuestionó la veracidad de las presuntas “filtraciones” del informe, reflejadas en algunos medios de comunicación. “Estos datos corresponden al informe del año 2024, que toma información de 2023. Lo que están leyendo es el informe anterior, que lo están haciendo ver como el informe reciente”, sostuvo.
Según la información, Bolivia mantiene su soberanía en materia económica y no existe condicionalidad alguna respecto a las recomendaciones del FMI. “Nosotros no tenemos ningún programa con el Fondo Monetario”, concluyó Montenegro.
AEP
