Bolivia llora a cuatro de sus hijos: Carlos Enrique Apata Tola, Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, Jesús Alberto Mamani Morales y Christian Calle Alcón.
Cuatro efectivos policiales que perdieron la vida no en una guerra contra enemigos extranjeros, sino defendiendo el orden constitucional de su propia patria contra compatriotas que han elegido el camino de la violencia y el crimen.
Sus nombres deben grabarse en la memoria nacional no solo como víctimas de la barbarie, sino como símbolos de un Estado que no puede ni debe claudicar ante el terrorismo político.
Cada una de estas muertes representa una tragedia humana irreparable. Detrás de cada uniforme hay una familia destrozada, padres que han perdido a sus hijos, esposas que han enviudado, niños que crecerán sin la presencia de su padre.
Estas no son estadísticas en un informe policial, son vidas segadas por la ambición política de quien ha convertido a Bolivia en rehén de sus intereses personales.
El Estado boliviano les debe justicia, y la sociedad entera les debe memoria y reconocimiento.
La utilización de francotiradores y armas de fuego contra efectivos policiales marca el cruce definitivo de la línea roja que separa la protesta legítima del terrorismo político.
Estos no son manifestantes ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. Son grupos armados que han declarado la guerra al Estado boliviano y a sus instituciones.
La emboscada que cobró la vida de tres policías en Llallagua no fue un enfrentamiento, sino un acto de cobardía criminal ejecutado por quienes dispararon sin piedad, sin contemplación.
Si bien la investigación debe determinar quiénes fueron los autores materiales de estos asesinatos, no puede haber dudas sobre la responsabilidad política e intelectual de estos crímenes.
Cuando un líder político instruye "cercar La Paz" y habla de "batalla final", cuando sectores políticos amenazan con "no permitir elecciones", cuando dirigentes revelan que recibieron órdenes de "convulsionar Bolivia para generar zozobra y muerte", se está creando el clima propicio para que ocurran precisamente estos hechos.
La responsabilidad intelectual de estos crímenes recae sobre quienes han alentado la violencia, legitimado el uso de la fuerza contra las instituciones del Estado y convertido la ambición personal en una causa que justifica el derramamiento de sangre boliviana.
Evo Morales y su entorno no pueden lavarse las manos cuando sus llamados a la violencia se materializan en ataúdes cubiertos con la bandera boliviana.
La respuesta del Gobierno debe ser contundente y dentro del marco constitucional. La activación de investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público y la constitución del Ministerio de Justicia como parte coadyuvante en los procesos judiciales son pasos correctos.
La gravedad de estos crímenes exige que se agoten todos los recursos legales disponibles para llevar a los responsables ante la justicia.
La justicia que reclaman estos cuatro policías asesinados debe ser integral. No basta con detener a quienes apretaron el gatillo, es imprescindible que lleguen a los tribunales quienes ordenaron, planificaron y alentaron estos actos criminales.
La cadena de responsabilidades debe investigarse desde el último eslabón hasta el primero, desde quien ejecutó el crimen hasta quien lo concibió como estrategia política.
Los delitos cometidos incluyen terrorismo, asesinato, asociación delictuosa, obstrucción de la justicia y sedición. Cada uno de estos delitos debe ser investigado y sancionado conforme a la ley, sin contemplaciones ni consideraciones políticas.
Carlos Enrique Apata Tola, Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, Jesús Alberto Mamani Morales y Christian Calle Alcón no murieron en vano si su sacrificio sirve para fortalecer las instituciones democráticas y para que nunca más la violencia política encuentre cabida en Bolivia.
AEP
