Los recientes acontecimientos en torno al expresidente Evo Morales han puesto de manifiesto una verdad fundamental en cualquier democracia sólida: nadie, sin importar su estatus o posición política pasada, está por encima de la ley.
La destitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, después de emitir una orden de aprehensión contra Morales, que luego fue anulada de forma extraña, levanta serias preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial y la influencia que aún ejercen ciertos actores políticos.
El caso de presunto estupro y trata de personas no puede ser ignorado ni minimizado.
El país y sus ciudadanos tienen el derecho inalienable de conocer la verdad, y es deber de las instituciones judiciales investigar estas acusaciones con rigor y transparencia, sin temor a represalias o presiones políticas.
En ese contexto es pertinente la solicitud del presidente Luis Arce para que la investigación se declare en reserva y proteger así a la víctima y evitar la politización del caso.
Y es que la gravedad de los cargos, que involucran a menores de edad, exige una investigación exhaustiva y sin obstáculos.
Las acusaciones contra el expresidente, sea cual sea su desenlace, deben ser investigadas con el mismo rigor que se aplicaría a cualquier ciudadano.
Es hora de que todas las instituciones del Estado demuestren su compromiso con la verdad, la transparencia y la igualdad ante la ley y que la justicia sea verdaderamente ciega ante el poder y el privilegio.
Es preocupante la destitución de tres funcionarios judiciales a cargo del caso por el solo hecho de llevar adelante investigaciones legítimas.
La decisión del saliente fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, muy vinculado al dirigente cocalero, de instruir la destitución es un precedente peligroso que socava la confianza pública en las instituciones del Estado.
Se debe garantizar que los fiscales y jueces puedan realizar su labor sin interferencias, especialmente cuando se trata de casos de alto perfil político y que involucran a un sector altamente vulnerable.
En ese camino es importante que el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, uno de sus brazos operativos, decida ser parte de este proceso para precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el caso.
El ministro de Justicia, César Siles, explicó que el delito que se investiga es trata de personas, cuya pena va de 15 a 20 años de cárcel, lo que grafica la gravedad del caso.
A esa posible condena se enfrentan tanto el dirigente cocalero como los padres de la menor de edad que consintieron el abuso sexual a cambio de “favores específicos”.
La “niña violada a sus 15, a sus 16 años, engendró a otra niña, y el padre reconocido en certificados de nacimiento y el cuaderno de investigaciones es Juan Evo Morales Ayma”, ratificó el Ministro de Justicia.
Un delito tan grave, que ha provocado indignación ciudadana, no puede ni debe quedar en la impunidad, como pretenden algunos.
La Paz/AEP
