Cuestionó que el alcalde Arias quiera ser árbitro en un conflicto que él mismo generó, y advierte sobre maniobras para eludir la fiscalización del POA reformulado.
El concejal Javier Escalier (MAS) planteó que el Concejo Municipal de La Paz asuma un rol de mediador entre la ciudadanía y los choferes del transporte público, luego de que el alcalde Iván Arias autorizara el incremento del pasaje sin una consulta previa a la población. A su criterio, esta decisión deslegitima al burgomaestre como interlocutor válido en el conflicto.
“El alcalde Arias fue quien autorizó el alza del pasaje, por tanto, no puede ser árbitro en una negociación que él mismo generó. Un verdadero diálogo debe darse entre el Ejecutivo y los transportistas, por un lado, y la ciudadanía, a través de sus juntas de vecinos, y sectores académicos y profesionales, por otro”, señaló Escalier según información institucional.
El legislador municipal recordó que entidades como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) se comprometieron a elaborar un estudio de costos independiente, que podría sentar las bases para una negociación técnica y transparente. “El Concejo puede convertirse en un espacio neutral para canalizar propuestas y evitar que el conflicto escale y perjudique aún más a la población”, afirmó.
Descontento ciudadano
Diversos sectores han expresado su rechazo, tanto por las medidas de presión de los transportistas como por el mal servicio que prestan. Escalier señaló que los compromisos asumidos en febrero, cuando se acordó el alza con el alcalde, no se han cumplido. “Se ha ahondado el trameaje y no se respeta el cobro diferenciado para escolares, adultos mayores ni personas con discapacidad”, lamentó.
Según consultas realizadas con dirigentes vecinales, el rechazo al incremento de pasajes es mayoritario en las zonas periféricas. “Las voces a favor de esta medida provienen, sobre todo, de quienes usan vehículo propio o no dependen del transporte público. En cambio, en las laderas de la zona Sur, la zona Norte o en las Villas, hay mucha preocupación”, explicó.
Cuestionamientos a la convocatoria de Arias
Pese al conflicto, el alcalde convocó a una reunión este martes a las 14.00 en su “búnker” entre las calles Socabaya y Mercado. Escalier anticipó que asistirá solo si se garantizan condiciones mínimas de seguridad. “Ojalá no sea una maniobra para presionar a los concejales a votar en contra de la ciudadanía. No estamos para avalar decisiones ya tomadas sin consenso”, advirtió.
Asimismo, insistió en que el diálogo debe darse entre los actores reales del conflicto. “El alcalde negoció directamente con el transporte, incluso impulsando la creación de la Federación Chukiago Marka. Por tanto, debe rendir cuentas a la ciudadanía, que debe estar representada por entidades independientes”, sostuvo.
Sospechas sobre el POA reformulado
Escalier también advirtió que detrás de la crisis institucional podría haber un interés del Ejecutivo municipal para evitar el tratamiento del reformulado del POA 2024. “Arias busca que el reformulado no pase por el Concejo y se apruebe mediante resolución ejecutiva. Eso impediría la fiscalización y abriría la puerta a cambios presupuestarios sin transparencia”, denunció.
El documento fue presentado el 4 de abril y, según la normativa, debe tratarse en un plazo de 15 días hábiles. El conteo comenzó el lunes 7, por lo que el plazo vence el martes 29, considerando el feriado del 18. Sin embargo, la Comisión de Desarrollo Económico y Financiero no sesionó el miércoles pasado, debido a que la presidenta Lourdes Chambilla insistió sin éxito en promulgar la ley que revoca el alza de pasajes.
“El Concejo no avanza en temas prioritarios como el reformulado, lo que obstaculiza la fiscalización del presupuesto municipal”, concluyó Escalier.
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